La progresiva configuración del Derecho penal de empresa como «Derecho penal del riesgo» conlleva la incorporación, junto al modelo clásico de Derecho penal basado en la prohibición del riesgo jurídicamente desaprobado, de estructuras propias de la gestión del riesgo. Así, más allá del control técnico centralizado en manos de la Administración Pública, desde hace tiempo viene ganando terreno el modelo de la descentralización del control de los riesgos. Este, basado en la noción de la autorregulación regulada, parece haber encontrado plasmación directa en nuestro Derecho penal a través de los denominados criminal compliance programs. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia ha ido asentándose la idea de que la no implementación de un programa de cumplimiento, su mala gestión o la infracción de sus disposiciones puede fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de ciertas personas físicas que desarrollan su actividad en la empresa. La presente obra se ocupa de analizar esta novedosa problemática desde múltiples perspectivas. De este modo, se atiende a la responsabilidad penal de las personas jurídicas; a los programas de cumplimiento; a las investigaciones corporativas internas y la gestión de los canales de denuncia interna; a los deberes de colaboración con la Administración de justicia; a las culturas corporativas sesgadas; al papel de los abogados de empresa y de los compliance officers; entre otros temas. Sin duda, se trata de una obra fundamental para adentrarse en el mundo de la autorregulación y autogestión de riesgos penalmente relevantes, destinada no solamente a los operadores del sistema jurídico-penal (abogados penalistas, jueces y fiscales), sino también a todos aquellos asesores de empresa interesados en cómo gestionar adecuadamente riesgos penalmente relevantes.
