La forma en que las sociedades democráticas prescriben qué contenidos audiovisuales, imágenes y sonidos, son aceptables y cuáles no desde la perspectiva de su difusión generalizada para cualquier tipo de consumidor es uno de los elementos estructurales más interesantes de la relación entre intervención pública y libertad del Derecho público contemporáneo. Su indudable necesidad no esconda el carácter problemático de muchas de sus vertientes. Además, se trata de un ámbito donde confluyen, junto con el conflicto puro y duro entre libertad de expresión y la justificada injerencia de los poderes públicos encuadrando el ejercicio de la misma, evidentes intereses económicos, convirtiendo el problema en, si cabe, más relevante y de difícil solución. La presente obra aborda los principales desafíos que la regulación de los contenidos audiovisuales presenta en las sociedades democráticas del siglo XXI donde los intereses de mercado, además, rigen cada vez con más importancia en el sector audiovisual: desde la manera de articular la persecución de los discursos del odio hasta cómo garantizar el derecho al olvido digital; desde la protección de los menores a la independencia de los consejos audiovisuales; desde la persecución penal de ciertos discursos hasta el papel mayor o menor que la Administración puede o debe jugar en la regulación de los contenidos. Se trata éste de una obra colectiva ambiciosa, que desde una perspectiva plural y multidisciplinar, no sólo jurídica, aborda en definitiva las cuestiones más candentes que la regulación de los contenidos audiovisuales presenta en nuestros días.
