La discriminación socioeconómica como agravante (art. 22, 4ª CP.)
La aporofobia, como manifestación del rechazo u odio hacia la persona en situación de pobreza, aparece hoy como un problema social significativo, tal como acreditan los datos e investigaciones realizadas por las distintas instituciones que trabajan sobre la materia. Siendo misión del Derecho penal lograr la tutela e intangibilidad de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más intolerables, también desde este ámbito deben estudiarse las mejores vías de intervención frente al fenómeno de la delincuencia aporófoba, esto es, la presidida por motivos de odio contra estas personas. El Código Penal español, mediante la circunstancia agravante genérica del art. 22,4ª CP., recoge ciertos motivos discriminatorios cuya concurrencia en el delito al que apliquen tendrá el efecto de agravar la respuesta penal. Esta circunstancia, no obstante, no contempla actualmente las motivaciones aporófobas como causa de agravación. En esta obra se propone al legislador la tipificación de tales motivos en el art 22,4ª CP., desde una justificación apoyada en tres pilares: primero, la oportunidad de la intervención político-criminal a la luz de los alarmantes datos que aporta la sociología, tanto desde una óptica institucional como, sobre todo, personal. Segundo, la mayor necesidad de pena en supuestos de delincuencia aporófoba, desde un punto de vista eminentemente preventivo. Y tercero, el mayor merecimiento de sanción penal en estos casos, al conculcarse, además del interés tutelado por el delito base, el valor de la igualdad que se reconoce a todas las personas, lo que hace aumentar el desvalor del hecho desde el propio contenido de injusto del delito. Este libro aporta razones para motivar un cambio en la norma, pero también supone la primera guía interpretativa para la correcta aplicación de la cláusula por parte de los distintos operadores jurídicos, cuando se produzca dicho cambio. La investigación se ha desarrollado en el marco del Proyecto i+D ?Hacia un modelo de justicia social: alternativas político-criminales? (RTI2018-095155-A-C22), dentro del proyecto coordinado ?Aporofobia y Derecho penal? (RTI2018-095155-B-C21) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
MIGUEL BUSTOS RUBIO. Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal de la Universidad Internacional de La Rioja. Especializado en Derecho penal económico, sus investigaciones se han desarrollado en temas como la regularización postdelictiva en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos de bancarrota e insolvencias punibles, blanqueo de capitales o corrupción privada, entre otros. También ha investigado sobre cuestiones como los delitos omisivos, la categoría de la punibilidad en la teoría del delito, o los delitos acumulativos. Sobre tales aspectos ha publicado varios libros, diversos artículos en revistas de alto impacto, y capítulos en obras colectivas, tanto en España como en el extranjero. Ha impartido numerosas conferencias en el marco de Congresos nacionales e internacionales sobre la especialidad. Ha sido investigador en varios proyectos i+D de convocatorias públicas competitivas. Actualmente, es investigador principal del Grupo de Investigación Reconocido ?PENALCRIM? (UNIR), cuyas líneas principales de trabajo se orientan al estudio y prevención de la delincuencia socioeconómica y la corrupción.
